Memoria Histórica y Justicia

MEMORIA HISTORICA Y JUSTICIA

Independientemente de lo que nos parezca el Juez Garzón, este personaje tiene la rara habilidad de ponernos a todos nosotros, a los políticos, a la prensa, a toda la sociedad, en la encrucijada: qué hacer con la traída y llevada MEMORIA HISTORICA.
Por un lado, reflexionamos si merece la pena, si no será reabrir las heridas consecuencia de la guerra civil; si no acabaremos arrojándonos los unos a los otros las barbaridades, hechas o contadas, por unos y otros, que nos impidan avanzar en la sociedad democrática que tantos sudores y esfuerzos han costado a tanta gente.
Por otro, la sociedad tiene que dar satisfacción a muchos ciudadanos de este país, con los cuales tiene una deuda, pues fue la sociedad, bien o mal, quien les arrebató a sus seres queridos.

El auto dictado en estos días por el Juez Garzón tiene la gracia de, al mismo tiempo de quitarse de en medio, de un asunto que él mismo abrió, echar las responsabilidades a otros que no parece que en muchos casos tengan ganas, adivínese cuáles pueden ser los motivos, de dedicarle tiempo y sabiduría a un asunto tan escabroso.

En absoluto soy entendido en temas de leyes, y además no me importa si el Juez Garzón lo ha hecho bien o mal, pero hay una Ley y todos los ciudadanos debemos acatarla y los jueces hacer que se cumplan todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico.

En la Ley 52/2007 de memoria Histórica, se dice:

“Artículo 13. Autorizaciones administrativas para actividades de localización e identificación.

1. Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histórico y el protocolo de actuación que se apruebe por el Gobierno. Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes.

2. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar.”

Lo que quiere decir, entre otras cosas que “las Administraciones públicas” deberán colaborar en recuperar los restos en las fosas de la guerra civil.
Vayamos a un ejemplo sencillo:

Si encuentro unos restos humanos cuando excavo mi jardín, tengo como ciudadano obligación de avisar a las autoridades.
Un Juez tiene la obligación de personarse en el lugar donde se han encontrado restos humanos, otra cosa es el tratamiento posterior:

1. Si es reciente, tendrá la obligación de abrir una investigación, para determinar la identidad y las diligencias correspondientes para averiguar la causa de la muerte.
2. Si se trata de restos humanos de siglos, imagino que, después de las primeras investigaciones, sería dar paso a los arqueólogos para que abundaran en la calidad y esencia de los restos encontrados.
3. Si se diera el caso de fueran restos atribuibles a la guerra civil, tendrá toda la legislación que le pone es sus manos el ordenamiento jurídico, con la Ley de Memoria Histórica incluida.

Los Jueces no se pueden llamar “andanas” en ningún caso, luego nos pasa como en el “Caso Mari Luz”.

Me llama la atención la respuesta, incluso en prensa y televisión, dada ya por algunos magistrados, en el sentido de no colaborar en la puesta en práctica de la Ley. Lo que me lleva a pensar que estamos de hecho en un caso de desobediencia civil, tal y como ocurre también con la puesta en marcha de la Educación para la Ciudadanía, parte de la Ley Orgánica de Educación 2/2006.

No queramos convertir en lecciones de profesionalidad lo que nos es más que un prejuicio político e ideológico